Los grupos políticos que aspiran a los gobiernos locales, en los próximos comicios, tienen la obligación moral de pronunciarse sobre el supuesto tráfico de influencias desde la Fiscalía con familiares del Ejecutivo actual. La dinámica electoral requiere que se identifiquen, a tiempo, criterios transparentes sobre el manejo de fondos públicos.
La divulgación de mensajes entre el fiscal Galo Chiriboga y el primo presidencial Pedro Delgado fueron notariados en los Estados Unidos. Las conversaciones entre junio y diciembre de 2012 tratan sobre una deuda de USD 5 millones de la empresa Empagran con el Estado.
La firma incautada mantenía la deuda con el entonces Filanbanco, incautado a los Isaías y que pasó a la ‘Unidad de Gestión y Ejecución del Fideicomiso AGD CFN No más impunidad’, organismo conducido por el primo presidencial, ex presidente del Banco Central.
Los afectados por el feriado bancario de 1999 sufren, hasta ahora, los efectos de una pésima conducción política para el cobro de deudas a los grandes beneficiados de la otrora crisis bancaria. Al parecer, en las conversaciones el fiscal Chiriboga abogaba por el no pago de la deuda de Empagran, porque ya habría sido pagada.
La preocupación ciudadana es la devolución de dinero a los perjudicados de la banca cerrada sin que otra vez el Estado asuma la responsabilidad de terceros. En un sistema democrático veraz, sólo una Procuraduría sana tendría potestad para interceder por la mayoría de afectados en este proceso engorroso de cuentas públicas.
La Fiscalía señala que existen siete indagaciones contra Delgado por presunto peculado, enriquecimiento ilícito, el caso del préstamo al empresario argentino Gastón Duzac, entre otros, y un proceso penal por uso doloso de documento público falso. El exfuncionario del Régimen no tenía título de economista y habría firmado una infinidad de documentos a nombre del Estado.
No está claro el manejo de fondos públicos, tampoco el uso de la maquinaria electoral con una jefatura de campaña que recae en el mismo Presidente. El ciudadano común requiere transparencia y pulcritud en la conducción del dinero de sus impuestos.
El oficialismo compagina lo político con lo económico y fortalece su interés propagandístico en diversas zonas, especialmente en aquellas que tendrán consecuencias directas después de la aplicación de sus políticas de explotación minera agresiva.
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