Paradójico es el anuncio de renuncia del ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, justo cuando se anuncian cambios en la Ley Minera para que el país reciba más capitales externos a cambio de disminuir los impuestos y flexibilizar los convenios de explotación. Según el oficialismo, las mineras ya no presentarán cinco permisos para realizar su actividad, sino que “se condensan en dos: el permiso de agua y la licencia ambiental”.
Los contratos señalan, según la Agencia Andes, que el Estado debe recibir el 50 y no el 60% de las regalías, “con un techo de participación” que en teoría debe llegar a las comunidades donde se exploten los minerales. Estos cambios legales deberán tratarse por la nueva Asamblea Nacional con mayoría del partido oficial, que con seguridad aprobará lo que venga del ejecutivo.
Las concesiones se negocian con empresas de Canadá y China. La empresa canadiense Kinross consta como financista interesada en la explotación de oro en Zamora Chinchipe, con el proyecto denominado Fruta del Norte. Otros planes son Mirador, Río Blanco y Quimbacocha, pertenecientes a las canadienses Ecuacorriente, San Luis Minerales y Jambold Ecuador. La firma Pananza San Carlos pertenece a la china Explorcobre. Ellos consideran que el impuesto a las ganancias extraordinarias está demás, mientras el Gobierno persiste en mantenerlo, pues obtendría un 70% por el aumento del precio internacional del mineral.
En tres años, Pástor enfrentó a organizaciones sociales que protestaron por la primera firma de explotación minera a gran escala en la Cordillera del Cóndor, incluso con mujeres detenidas y desalojadas en la Embajada de China en Quito. Reclamos intensos provocados por el efecto que la minería causaría a la biodiversidad, en sitios ocupados por pueblos ancestrales, y por el incumplimiento de los procedimientos de Ley con limitados estudios de impacto, según los grupos ambientalistas y de derechos humanos.
Pástor suscribió la renegociación de 17 contratos petroleros e impulsó la recuperación en los campos Libertador y Shushufindi de Petroecuador y ejecutó una política de uso de oleoductos con Colombia y Perú. Al parecer, la gestión en la Refinería del Pacífico y la comercialización del gas licuado de petróleo son otros puntos neurálgicos que no podrá evadir el nuevo ministro, ante la demanda de las comunidades y grupos ambientalistas, incluso con la presión interna de algunos gobiernistas, que propugnan una mayor sostenibilidad en la matriz energética impuesta por el Régimen.
