domingo, 30 de junio de 2013

Renuncia arancelaria : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Renuncia arancelaria
Ecuador y Estados Unidos tienen una relación intensa en materia comercial, más allá de sus diferencias políticas. La renuncia al Tratado de Preferencias Arancelarias con seguridad es una pérdida para el sector productivo del país. Sin duda, el factor político afecta la estructura y la dinámica económica con nuestro principal socio, pues las relaciones diplomáticas sufren su peor momento a causa del pedido de asilo del informático Edward Snowden.

Según la organización Wikileaks, al parecer, el estadounidense tenía intención de viajar a Ecuador. Casi en respuesta se rompieron los acuerdos arancelarios. Allá, Snowden es reclamado por espionaje después de que trabajara en la Agencia Nacional de Seguridad y ahora permanece en espera en la zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú para salir a cualquier otro país que lo acoja. Escenario difícil para la diplomacia internacional.

En realidad, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos están tensas desde hace unos años. Este gobierno no renovó el uso de la base militar de Manta y expulsó a una embajadora. Casi de forma oficial intenta desde hace algún tiempo debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de registrar abusos contra la libertad de expresión y plantear juicios en contra de periodistas. La situación de Julian Assange, asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres, desde hace un año, aumenta el peso de la inconformidad y muestra las medidas de ajuste ante una pésima política diplomática. Represalia o no, la economía se verá afectada.

Un panorama delicado pues las preferencias arancelarias influyen en los mercados y esta vez, con seguridad no serán renovadas. Cuando existe incertidumbre se afectan todos los negocios en forma de cadena. El derecho al asilo es reconocido por varios países, pero confunde el constante discurso descalificador y la ley en contra de ciertas libertades de expresión que el Régimen tiene casa adentro.

La seguridad de un Estado fue criticada en la figura de Snowden y con repercusiones mayores al caso Assange. El factor político incide en lo económico.

domingo, 23 de junio de 2013

Ley sin red : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Ley sin red : 
Parece que el Gobierno se ha propuesto salvar al mundo con el doble discurso. Por un lado, promociona una Ley de Comunicación que regula los medios masivos convencionales para justificar la información como derecho público; y por otro, fortalece su propuesta de defensa de ‘hackers’ informáticos como Julian Assange y ahora analiza a Edward Snowden.

El primero filtró información secreta a través de su organización Wikileaks con más de 250 mil cables diplomáticos confidenciales expuestos al mundo y permanece asilado en la Embajada en Londres desde hace un año, para no ser extraditado a Suecia donde registra cargos por delitos sexuales; y el segundo es quien transparentó un plan de espionaje estadounidense de seguridad, que involucra a civiles.

El Artículo 4 de la Ley de Comunicación señala que no regula la información u opinión que ‘de modo personal se emita a través de Internet. No excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se comentan a través del Internet’.

El texto, gracias a su interpretación abierta, posibilita una salida a la crítica constructiva y un espacio libre al periodismo de investigación, pues los públicos y usuarios deben conocer que la prensa, radio y televisión tienen contenidos simultáneos subidos a la red con idénticos mensajes, pero con más aplicaciones, incluso telefónicas, que permiten la conducción de redes sociales e inciden en la toma de decisiones de la gente.

El intento de censura en redes sociales e Internet ocasiona el denominado fenómeno Streisand que consiste en producir el efecto contrario. En el mundo virtual, lo prohibido es contraproducente, pues amplía la divulgación de mensajes, con más publicidad y velocidad de difusión en fotos, archivos o páginas web.

Ahora bien, ¿qué sucede si alguien filtra o altera información reservada o de seguridad nacional como servicios básicos y cuentas públicas? ¿Hasta cuándo es privado una filmación casera o un diálogo telefónico grabado con algún funcionario público que puede ser subido en la red?

Al parecer la Ley de Comunicación tenía la intención de limitar las expresiones cuestionadoras hacia las políticas públicas y de corrupción de funcionarios del Estado, pero con cierta ligereza deja abierta la opción para nuevos espacios. El mejor periodismo de investigación estará colocado en Internet y será difundido en otros países.

domingo, 16 de junio de 2013

Kinross y comunicación : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Kinross y comunicación
El debate político nacional gira en torno a la aprobación de dos leyes importantes: minas y comunicación. La parcial salida de la empresa minera Kinross del proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, reactiva y consolida un panorama de reclamo de los pueblos indígenas ante una pretendida legislación más permisiva para explotar minas en sus territorios. Al parecer, el desacuerdo se presentó por el monto exigido al impuesto a los ingresos extraordinarios y se evidencia ahora un escenario de dudas para la aprobación de la ley pues se generó incertidumbre global para atraer posibles inversiones. ¿Quién sustituirá a la firma canadiense? ¿Las autoridades energéticas tendrán que negociar con los chinos, como una alternativa plana? ¿Cuáles son las compañías de otras latitudes interesadas en suscribir contratos para explotar a gran escala los yacimientos de oro y plata del país? En fin, nada está dicho.

Asimismo, mientras la Asamblea convoca para votar la aprobación de una Ley de Comunicación que podría incluir una superintendencia, el delito de linchamiento mediático y un ente regulador y sancionador de la comunicación, coincide el acto con un desfavorable contexto internacional. No será fácil contestar y debatir sobre el futuro de los delatadores de archivos secretos en Internet o el manejo de páginas web dentro de una pretendida ley de comunicación, pues podrían afectarse rasgos fundamentales de la libertad de expresión, a través de la aplicación de nuevas tecnologías sin un debate técnico o tecnológico especializado.

El caso del estadounidense Edward Snowden, quien filtró los archivos confidenciales y de espionaje telefónico en su país, despierta preguntas para el gobierno local. ¿Cuál sería su respuesta si pidiera asilo éste en una embajada de Ecuador, igual como lo hizo el comunicador informático Julian Assange, en Reino Unido, hace un año?

Sobre Snowden y Assange, la opinión pública mundial interpreta como un asunto de héroes o traidores que deforman la tradición política y el periodismo en los Estados Unidos. Pero para muchos incursionar en los programas de espionaje informático es una intromisión en la privacidad de los ciudadanos. No se diga una ley sancionadora de los mensajes vertidos en prensa, radio y televisión. Así, ni la minería ni la comunicación parecen estar a salvo del juego de las discrepancias e ideologías. En líneas generales, la condena o aplauso de las nuevas normativas tendrán que pasar primero por un debate transparente, válido y democrático. ¿Acaso las urnas no son la salida?