Kinross y comunicación
El debate político nacional gira en torno a la aprobación de dos leyes importantes: minas y comunicación. La parcial salida de la empresa minera Kinross del proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, reactiva y consolida un panorama de reclamo de los pueblos indígenas ante una pretendida legislación más permisiva para explotar minas en sus territorios. Al parecer, el desacuerdo se presentó por el monto exigido al impuesto a los ingresos extraordinarios y se evidencia ahora un escenario de dudas para la aprobación de la ley pues se generó incertidumbre global para atraer posibles inversiones. ¿Quién sustituirá a la firma canadiense? ¿Las autoridades energéticas tendrán que negociar con los chinos, como una alternativa plana? ¿Cuáles son las compañías de otras latitudes interesadas en suscribir contratos para explotar a gran escala los yacimientos de oro y plata del país? En fin, nada está dicho.
Asimismo, mientras la Asamblea convoca para votar la aprobación de una Ley de Comunicación que podría incluir una superintendencia, el delito de linchamiento mediático y un ente regulador y sancionador de la comunicación, coincide el acto con un desfavorable contexto internacional. No será fácil contestar y debatir sobre el futuro de los delatadores de archivos secretos en Internet o el manejo de páginas web dentro de una pretendida ley de comunicación, pues podrían afectarse rasgos fundamentales de la libertad de expresión, a través de la aplicación de nuevas tecnologías sin un debate técnico o tecnológico especializado.
El caso del estadounidense Edward Snowden, quien filtró los archivos confidenciales y de espionaje telefónico en su país, despierta preguntas para el gobierno local. ¿Cuál sería su respuesta si pidiera asilo éste en una embajada de Ecuador, igual como lo hizo el comunicador informático Julian Assange, en Reino Unido, hace un año?
Sobre Snowden y Assange, la opinión pública mundial interpreta como un asunto de héroes o traidores que deforman la tradición política y el periodismo en los Estados Unidos. Pero para muchos incursionar en los programas de espionaje informático es una intromisión en la privacidad de los ciudadanos. No se diga una ley sancionadora de los mensajes vertidos en prensa, radio y televisión. Así, ni la minería ni la comunicación parecen estar a salvo del juego de las discrepancias e ideologías. En líneas generales, la condena o aplauso de las nuevas normativas tendrán que pasar primero por un debate transparente, válido y democrático. ¿Acaso las urnas no son la salida?
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