‘Comecheques’ y el agua : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

‘Comecheques’ y el agua 

Las redes sociales están saturadas con reclamos y
chistes relacionados con una sentencia por delito de peculado contra el ex
ministro de Deportes, Raúl Carrión que hace seis años, ya en el correísmo,
renunciaba a su cargo por corrupción, mientras su asesor era capturado con 200
mil dólares en su bolsillo e intentaba comerse varios cheques para desaparecer
las pruebas.

Habían manipulado 20 contratos con el Estado
para la construcción de escenarios deportivos vinculados a los Juegos Nacionales
de Macas de 2008 y los acusaron por el sobreprecio en edificios construidos en
Ibarra, Morona Santiago y Esmeraldas.

La condena de Carrión se redujo a tres meses
y una multa de 190 dólares. En cambio, una condena de 18 meses se aplicó para el
asambleísta Cléver Jiménez y el activista Fernando Villavicencio; mientras seis
meses para Carlos Figueroa. Además, tendrán que pagar 140 mil dólares de
indemnización a favor de Rafael Correa, quien los demandó por injurias
calumniosas.

El Gobierno repite la desatención histórica a
las comunidades indígenas y la política de extracción de recursos convencional,
cuando opta por colocar unidades de policía en el territorio Sarayaku para
perseguir políticos, mientras olvida que esa zona requiere de vías, salud y
educación bilingüe. Las petroleras y mineras triunfan tras un régimen que avala
la explotación de Tambococha y Tiputini y menosprecia las demandas
comunitarias.

Después del rechazo a consulta popular para
explotar el Yasuní queda el reclamo internacional y la organización de nuevas
movilizaciones. Esta semana mil indígenas de Imbabura y del norte de Pichincha
llegaron al centro de Quito para reclamar proyectos para el riego y consumo
humano y queda pendiente otra marcha por la vida y el agua. Pero, ¿serán
escuchados?

El caso Carrión y la sentencia para los
‘comecheques’ colocan sobre el tapete que se incumplen convenios, dilapidan
recursos, violan contratos, incumplen promesas y dividen a las comunidades bajo
una insensata política que aplica más petróleo y menos agua. Más corrupción y
menos diálogo.

 

Conaie sin miedo : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Conaie sin miedo 

Nadie entiende la insensatez y exageración de
acusar a los sarayakus de separatistas por ofrecer protección a tres perseguidos
de la justicia ordinaria que son políticos, no delincuentes. Una acusación
personal, por muy injuriosa que parezca en las cortes, no puede evolucionar a
una instancia de seguridad nacional con movilización de todo el aparataje
militar y policial cuyo único objetivo es propagar el miedo.

El pensador búlgaro Tzvetan Todorov decía que
siempre es bueno perder el miedo a los bárbaros porque el miedo lleva a más
barbarie y lo que parece es que las comunidades indígenas lo perdieron y la
barbarie se llamará explotación del parque Yasuní. Más cuando un gobernante
confunde la política como guerra y pretende dividir a la población entre amigo
o enemigo.


Con nuevos alcaldes, discursos de
ofrecimiento y planteamientos diversos en los gobiernos seccionales, ahora viene
el segundo frente político abierto. Esto es el cambio de cabeza de la
organización indígena y social más grande del país: la Conaie; sus bases, que
desde hace algún tiempo exigían una resistencia más radical ante la represión de
la protesta social y la persecución política, insisten en no ceder ante el
oficialismo y claman por fortalecer la estructura organizativa que defienda sus
derechos, tradiciones y territorios.
Mónica Chuji, también sarayaku, se
presentó como postulante para re-direccionar y debatir sobre plurinacionalidad,
buen vivir, territorialidad y educación, pero los puntos críticos se centran en
negociar las leyes de Aguas, Tierras y Minas. No será necesario explicar al
Estado que unos fusiles de caza no justifican un discurso temerario del supuesto
paramilitarismo como quiere hacer pensar la autoridad.


 El indígena tendrá que dejar atrás al sujeto
controlado e identificar con claridad al ente controlador. A ese estímulo
envolvente que regula a las poblaciones, pues el miedo siempre es plural:
inseguridad, desempleo, accidentes, catástrofes, delincuencia común,
endeudamiento, armas, paramilitares y hasta el fin del mundo, pero a los seres
vivos y al poder político hay que separarlos. Sin miedo otra es la historia.

 

¿Matriz productiva? : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

¿Matriz productiva?

El incremento de las planillas eléctricas y el pretendido cambio de cocinas
para dejar de usar el gas licuado sorprenden por lo inverosímil de su
aplicación, con igual o mayor dimensión conceptual que las argucias del CNE para
rechazar las firmas recogidas en búsqueda de una consulta popular que decida
sobre el futuro del Yasuní y amplíe el debate sobre la conservación
ambiental.






La autoridad plantea un aumento de las tarifas eléctricas que afectará a
1,5 millones de usuarios, entre los que se incluyen pequeños negocios, comercios
e industrias familiares, bajo el supuesto de compensar una parte del subsidio
energético que el Estado entrega (de USD 412 millones, según el Ministerio de
Finanzas) pero de forma simultánea ellos reafirman que la cocina eléctrica es
parte del cambio de matriz energética.






El Estado pretende implementar hasta 2017 en los hogares 3,5 millones de
cocinas de inducción. La propuesta comprende el incremento de las tarifas. La
autoridad anunció, sin precaución alguna, que los municipios tendrán la
obligación de exigir conexiones de 220 voltios en las viviendas, mas no de 110
como es la actual potencia. Cabe anotar que de los ocho proyectos
hidroeléctricos faltan de terminar los clave: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón
y Sopladora que operarán recién entre 2015 y 2016 pero que ya desde 2011 se
subieron las tarifas para los consumidores residenciales de más de 500 kilovatio
hora al mes, que equivaldría a unos 57 dólares.






En una economía que deja ser extractivista, el cambio de matriz
energética supone calidad de vida en la gente, buen manejo del ecosistema y
justicia social real con leyes que defiendan al ciudadano y no al Estado. El
problema de la matriz productiva radica en el equilibrio entre ser humano y
naturaleza, una sostenida distribución de los recursos no renovables y una
prudente distancia con el dañino impacto ambiental.






¿Qué tipo de producción se aplicará en un sistema social que encarece la
energía en las fábricas y ocasiona un desempleo sistemático? ¿Un modelo
económico que explota el Yasuní por imposición es legítimo? ¿Qué sucederá si la
energía hidroeléctrica resulta más costosa y de difícil ejecución cultural por
ser experimental frente a un nuevo tipo de mano de obra que llega del
extranjero? ¿Matriz productiva? ¿Quién tiene la bola mágica para predecir los
fracasos?

Sarayaku : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Sarayaku 

La comunidad indígena de Pastaza revienta la
cuerda que enlaza política y leyes. El artículo 171 de la Constitución de
Montecristi señala que los pueblos aborígenes pueden ejercer ‘funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio,
dentro de su ámbito territorial’ y el Estado, con todas sus instituciones, debe
respetar sus decisiones. Así los sarayakus optaron por acoger a Cléver Jiménez,
Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por la supuesta injuria
calumniosa contra Rafael Correa. Este pueblo kichwa antes ya demandó por una
incursión de las Fuerzas Armadas y obtuvo un fallo favorable en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA al que pertenece la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a los
tres perseguidos de la justicia ordinaria. En resumen: un escenario hostil,
incierto y polémico se re-edita.

Sarayaku, que quiere decir ‘agua de maíz’ en
kichwa, es un pueblo que ocupa 3 mil kilómetros cuadrados de la Amazonía y se
integra con personajes de la vida pública como Mónica Chuji, exsecretaria de
Comunicación del gobierno de Correa, pero ahora opositora; Marlon Santi,
expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(Conaie), quien demandó contra el Estado por los problemas en los pueblos
Tagaeri y Taromenane afectados por la expansión petrolera; y José Gualinga,
quien denunció los últimos sobrevuelos de helicópteros y aviones en su
territorio. Esto tras supuestas operaciones militares que intentan peinar la
selva para llegar a sus protegidos.

Una situación complicada se visualiza entre
un gobierno poco tolerante que ha acusado a los indígenas de estar politizados
y, en la otra orilla, al pueblo defensor de sus derechos con el riesgo de
enfrentar acciones dramáticas. Por un lado, entra en juego la soberanía del
Estado de derecho ante la introducción del concepto de plurinacionalidad tras un
panorama de incertidumbre que podría desencadenar, en cualquier momento, un
enfrentamiento violento con resultados devastadores. Por otro, persiste un
desafío político y jurídico para el oficialismo, pues los tres perseguidos y sus
protectores sostienen que la justicia actuó sesgadamente después de violar la
inmunidad de un asambleísta con desajustes frente al debido proceso. La
ciudadanía se pregunta: ¿La Policía puede hacer cumplir las órdenes de detención
en esa zona o no y los militares pueden incursionar en los territorios de esa
comunidad o no? ¿Será la humillación de la disculpa pública suficiente para
congraciar a un régimen caracterizado por la prepotencia? ¿Los sarayakus serán
sacrificados por la política autoritaria?