La comunidad indígena de Pastaza revienta la
cuerda que enlaza política y leyes. El artículo 171 de la Constitución de
Montecristi señala que los pueblos aborígenes pueden ejercer ‘funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio,
dentro de su ámbito territorial’ y el Estado, con todas sus instituciones, debe
respetar sus decisiones. Así los sarayakus optaron por acoger a Cléver Jiménez,
Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por la supuesta injuria
calumniosa contra Rafael Correa. Este pueblo kichwa antes ya demandó por una
incursión de las Fuerzas Armadas y obtuvo un fallo favorable en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA al que pertenece la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a los
tres perseguidos de la justicia ordinaria. En resumen: un escenario hostil,
incierto y polémico se re-edita.
cuerda que enlaza política y leyes. El artículo 171 de la Constitución de
Montecristi señala que los pueblos aborígenes pueden ejercer ‘funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio,
dentro de su ámbito territorial’ y el Estado, con todas sus instituciones, debe
respetar sus decisiones. Así los sarayakus optaron por acoger a Cléver Jiménez,
Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por la supuesta injuria
calumniosa contra Rafael Correa. Este pueblo kichwa antes ya demandó por una
incursión de las Fuerzas Armadas y obtuvo un fallo favorable en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA al que pertenece la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a los
tres perseguidos de la justicia ordinaria. En resumen: un escenario hostil,
incierto y polémico se re-edita.
Sarayaku, que quiere decir ‘agua de maíz’ en
kichwa, es un pueblo que ocupa 3 mil kilómetros cuadrados de la Amazonía y se
integra con personajes de la vida pública como Mónica Chuji, exsecretaria de
Comunicación del gobierno de Correa, pero ahora opositora; Marlon Santi,
expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(Conaie), quien demandó contra el Estado por los problemas en los pueblos
Tagaeri y Taromenane afectados por la expansión petrolera; y José Gualinga,
quien denunció los últimos sobrevuelos de helicópteros y aviones en su
territorio. Esto tras supuestas operaciones militares que intentan peinar la
selva para llegar a sus protegidos.
Una situación complicada se visualiza entre
un gobierno poco tolerante que ha acusado a los indígenas de estar politizados
y, en la otra orilla, al pueblo defensor de sus derechos con el riesgo de
enfrentar acciones dramáticas. Por un lado, entra en juego la soberanía del
Estado de derecho ante la introducción del concepto de plurinacionalidad tras un
panorama de incertidumbre que podría desencadenar, en cualquier momento, un
enfrentamiento violento con resultados devastadores. Por otro, persiste un
desafío político y jurídico para el oficialismo, pues los tres perseguidos y sus
protectores sostienen que la justicia actuó sesgadamente después de violar la
inmunidad de un asambleísta con desajustes frente al debido proceso. La
ciudadanía se pregunta: ¿La Policía puede hacer cumplir las órdenes de detención
en esa zona o no y los militares pueden incursionar en los territorios de esa
comunidad o no? ¿Será la humillación de la disculpa pública suficiente para
congraciar a un régimen caracterizado por la prepotencia? ¿Los sarayakus serán
sacrificados por la política autoritaria?
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