Rafael Correa recibía un doctorado honoris causa en España cuando la prensa
de ese país informaba sobre las sanciones que se imponen a medios independientes
locales. Diario El País escribe: uno, por no haber dado información veraz y
contrastar una caricatura; otro, por negarse a rectificar un par de titulares
tachados de morbosos y, un tercero, contra Diego Oquendo por el supuesto de
instigar la figura de linchamiento mediático contra una exministra de Educación
de la época de Abdalá Bucaram.
La codicia del Gobierno por controlar la totalidad institucional del país
quedó en evidencia. La omnipresencia para vigilar la comunicación es sustentada
como la aplicación de un panóptico censurador. Coincido con la visión del
filósofo Nelson Reascos de que vivimos un Estado policial de vigilancia
absoluta: ‘una sociedad donde la inquisición laica y capitalista ha sido
reinaugurada’. Asimismo, la prensa española visualiza que un periodista de
gobierno no tiene imparcialidad para juzgar, perseguir, condenar o sentenciar
medios cuando lidera una Superintendencia de Comunicación. Juez y parte.
De hecho, el castigo económico encaja con el poder no solo en los
juzgados, cortes y el SRI, sino en la escala de sanciones a gremios, medios,
instituciones y programas de televisión. Coincido con Reascos en la existencia
de una cruzada moralista y un afán que nace de la falsa moral porque las leyes
actuales están diseñadas para proteger al poder de la acción ciudadana y para
nada defender al ciudadano.
La inquisición es tal porque el órgano que
sanciona es el que denuncia y la prensa española retoma las palabras de Carlos
Ochoa, superintendente de Comunicación, para calificar a la prensa como:
“Dependientes del poder, representantes o defensores de un sistema excluyente y
generador de miseria, agoreros del desastre y miserables”. El dueño del castigo
de cuerpo, del silencio y del pedido de perdón, incluida la inquisición
económica de multas y otros malabares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario