Allanamiento
El ingreso a una vivienda con fines de investigación para buscar objetos o personas relacionadas con un delito siempre restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y la intimidad. Por eso se exige una orden judicial y el debido proceso mediante resolución escrita en torno al fin perseguido.
El Derecho Penal tiene aún controversia sobre ciertas invasiones a la intimidad en el uso de tecnologías como micrófonos y cámaras para la aprehensión de delitos y personas. Sin embargo, el Gobierno allanó el domicilio de dos opositores políticos, al margen de la ley.
¿Por qué al margen de la ley? Primero, porque la indagación judicial no fue reservada y no se respetó el debido proceso cuando el Presidente detalló el acontecimiento, a pocas horas, en las redes sociales y en una cadena sabatina, incluyéndose él como investigador.
Segundo, las instituciones participantes en el allanamiento están subordinadas a la gestión política y no jurídica pues no está claro quién investigó a quién. Tercero, no hay presunción de inocencia ni derecho a la defensa de los procesados o investigados.
El caso del allanamiento contra Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio requiere de las explicaciones del juez Jorge Blum, del fiscal Galo Chiriboga y del comandante de la Policía, Rodrigo Suárez. Nadie sabe con certeza qué es lo que se investiga y por qué. Persiste el rumor sobre la difusión de información reservada del caso Chevron, producto del intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del Gobierno.
La firma Chevron pretendió utilizar comunicaciones interceptadas en el proceso que inició en Nueva York por presuntas irregularidades en el juicio millonario que perdió en las cortes del Ecuador por daños ambientales. El juez estadounidense consideró que no eran informaciones importantes y desestimó los mensajes antes de que sean revelados.
Jiménez mencionó que el bufete de abogados Foley Hoag fue contratado por Ecuador cuando esa firma había trabajado antes para Chevron y acusó al Gobierno de no revelar los nombres de los funcionarios que antes trabajaron en el Gobierno de Mahuad. Los funcionarios de aquella administración tendrían complicidad y responsabilidad en el desastre ecológico causado por la Texaco Chevron.
La sospecha de espionaje esconde las contradicciones del lanzamiento de la campaña ‘La mano sucia de Chevron’ en un Gobierno que oculta a varios funcionarios copartícipes de la acusación nacional en contra de los graves daños ambientales.
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