Los medios de comunicación privados del Ecuador viven una situación crítica. Junto a la autocensura cotidiana del periodismo ocasionada por la vigilancia del Estado a través de entidades de regulación, superintendencias y fiscalías, aparece el engrosamiento de leyes sancionadoras y represivas como la penalización del denominado ‘linchamiento mediático’ con cárcel de entre uno a tres años. El llamado linchamiento mediático es una metáfora histórica que no podría aplicarse a las leyes.
No es posible calificar el ejercicio periodístico, por intenso y sostenido que sea, aunque cause algún tipo de daño, con un término que implica matar en tumultos. La figura en sí interrumpe el análisis de procesos periodísticos y el seguimiento de temas de interés público. Además termina con el periodismo de investigación, pues no es posible ir más allá de la noticia y dar el seguimiento pormenorizado de cualquier caso de corrupción o peculado.
No cabe aplaudir la normativa contradictoria para prohibir la censura previa del artículo 18 y la responsabilidad ulterior de los medios del artículo 19. Una orden de allanamiento contra Ecotel Radio, para revertir frecuencias solo fue detenida por la gente; en Loja, la masa detuvo la orden judicial, mientras el medio se inclinó a pensar que existen razones políticas por su posición de no alineación con el oficialismo. Según la teoría política de Robert Dahl, ‘el estar claramente orientado respecto a las palabras, a menudo ayuda a estar certeramente orientado en la política, ya que ésta es una actividad en la que el lenguaje es extraordinariamente ambiguo y muchas veces se usa con fines perversos o propagandísticos’.
En el siglo 18, Charles Lynch encabezó una irregular corte para castigar a los colonos americanos leales al Reino de Gran Bretaña en la Guerra de Independencia estadounidense. Un grupo de personas acusaban de sublevación a varios sospechosos que un jurado los absolvió. Esto enfureció a Lynch y ordenó la ejecución de estas bandas sin un juicio previo. Su nombre dio origen al término linchamiento que aparece junto a la intimidación de sospechosos, la detención y ejecución de supuestos delincuentes. En la presente administración la retórica anti-prensa es la constante y las libertades de expresión y prensa sobrepasan una situación crítica.
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