El quehacer mediático, el manejo de dineros
privados y las sentencias judiciales se vuelven escenarios de interferencia del
poder político que desencadenan en un enredo amorfo legalista que preocupa a
expertos. En materia de comunicación, las relaciones laborales de los
trabajadores no se resuelven con un plan de profesionalización cuando se aplica
una filosofía represiva como manual de ejecución. La propuesta suena a una
capacitación obligada para técnicos y camarógrafos solo para cumplir con un
adoctrinamiento, sin contenidos e impuesto por el Ejecutivo.
privados y las sentencias judiciales se vuelven escenarios de interferencia del
poder político que desencadenan en un enredo amorfo legalista que preocupa a
expertos. En materia de comunicación, las relaciones laborales de los
trabajadores no se resuelven con un plan de profesionalización cuando se aplica
una filosofía represiva como manual de ejecución. La propuesta suena a una
capacitación obligada para técnicos y camarógrafos solo para cumplir con un
adoctrinamiento, sin contenidos e impuesto por el Ejecutivo.
La exigencia del título profesional consta en
la Ley de Comunicación y el mismo Estado está obligado a contratar Licenciados y
Doctores para los cargos públicos relacionados con áreas de la comunicación pero
no cumple. Lo segundo se refiere a las leyes modificadas para que el Estado
confisque 54 fondos privados, sume USD 431 millones de aportes de los maestros y
engrose por algún tiempo su salvavidas de liquidez financiera. El Fondo de
Cesantía del magisterio ecuatoriano pasará a la administración del Banco del
IESS sin debate público ni consulta a los involucrados.
Diario El País titula: ‘La justicia se enreda
en el Ecuador’. Un informe de Luis Pásara, de la Fundación para el Debido
Proceso, dedicada a promover el Estado de Derecho, pregunta: ¿Qué ha ocurrido
con la independencia judicial en la Revolución Ciudadana? Concluye que existen
consecuencias negativas para la carrera judicial y para la protección de
derechos humanos por la interferencia del Gobierno y la nula independencia de
poderes. El texto hace hincapié en 12 casos en los últimos años y menciona la
‘alta persecución mediática en razón de implicar, de parte del Gobierno, un
propósito sancionador de protestas sociales o conductas de disidencia política
que importaría violación de derechos fundamentales’.
El documento cita cuatro casos sobre el 30 de
septiembre de 2010. La acusación a la dirigente Mery Zamora, sentenciada a ocho
años de prisión ‘por interrupción o paralización del servicio público de
educación’. Luego el caso RTV Ecuador, donde 13 personas fueron procesadas por
‘sabotaje y terrorismo’ y 7 condenadas a 4 años de cárcel. Las protestas
sociales engloban los condenados en 2011 por una marcha en contra de la ley de
aguas, el conflicto indígena con la Policía de Morona en 2009 y de los
estudiantes del Colegio Central Técnico. En total 87 detenidos y 12 condenas.
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