No hay cárcel pa’tanta gente
El nuevo Código Orgánico Penal Integral intensifica la criminalización. Plantea el enjuiciamiento penal contra personas jurídicas, nuevas formas de delito y acumulación de penas de hasta 40 años: femicidio -crimen en contra de mujeres-, sanciones por violencia en los estadios, enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En materia tributaria se aplica la defraudación a través de multas desorbitantes, decomisos, clausuras y la preferencia del Estado sobre los activos de las empresas condenadas.
Se registra la extinción de empresas, en caso de un delito consumado, pero sin propuestas sobre el futuro laboral de los trabajadores. Antes, los representantes de las empresas y las personas jurídicas sólo tenían sanciones civiles y administrativas, no penales.
El documento tal vez carece de una aplicación directa con la realidad social y económica del país. Las sanciones afectan a ciertas políticas emprendedoras empresariales por los altos castigos estipulados y pueden alejar la inversión externa. Sin embargo, quedan en evidencia algunas presiones para intentar sacar al país de la lista negra del Gafi, pues se incluyeron delitos como el decomiso de bienes, fondos y activos provenientes de acciones ilícitas: lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El texto incluye cárcel para quien cause pánico económico y, reclusión de 30 días a 5 años, para quien no pague la afiliación al seguro social, con multas de entre 25 a 50 remuneraciones básicas. Se estipula la cárcel por mala práctica profesional, pero sin observar cómo esto puede incidir en la actitud de los médicos para su ejercicio.
El documento tiene 743 artículos y entrará en vigencia en 90 días después de su publicación en el Registro Oficial. Con poca deliberación en la opinión pública, una justicia bastante politizada y sin propuestas claras sobre la rehabilitación social, se aplicará un instrumento legal que incrementará el hacinamiento en las cárceles.
El control de medios de comunicación está a cargo de Carlos Ochoa, quien asumirá en la misma lógica de la sanción sus funciones. Vigilar y castigar forma parte del nuevo pragmatismo sancionador.
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