¿Duelo verbal? : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo
Elecciones sin debate no es democracia. El lavado de cerebro masivo considera que existe una conspiración de muchos periodistas contra el Gobierno que debe ser controlada por una prensa oficial para neutralizarlos. La estrategia sostiene que hay que levantar un imperio mediático alineado con dinero estatal para silenciar a los medios críticos y evitar que nazcan rivales.
La orden obliga a los ministros a no proporcionar información a los asambleístas porque serán destituidos y fiscalizar a la prensa si denuncia casos como los entuertos del primo Pedro Delgado, dueño innegable de una casa en Miami de 385 mil dólares y responsable de un préstamo no devuelto de 800 mil dólares a Gastón Duzac.
Pero es suficiente silenciar. Los periodistas pueden ir presos si describen la personalidad de otros candidatos presidenciales en época electoral o si proponen un debate abierto en su medio con entrevistas en vivo, abren una serie de debates de análisis en algún canal de televisión, que permita conocer otras propuestas distintas al oficialismo.
Vivimos una época extraña a una democracia en que se promuevan elecciones competitivas con amplia participación de ciudadanos en la toma de decisiones. Estamos muy lejos de proteger los derechos y libertades civiles y políticas. En teoría cualquier candidato no debe atacar o enfrentarse contra la prensa sino contra sus rivales políticos y tesis antagónicas.
Al contrario, requiere aceptar críticas por su manejo realizado, experiencia y sistema de valores, sin contradicciones. Tampoco debe fiarse en encuestas fantasmagóricas y en la luz de las tarimas pues solo un duelo verbal e intelectual es una verdad democrática para captar indecisos.
El bono para 1,2 millones de familias, hoy es de 1,9 pero la pobreza subió 50% en los que reciben el bono. La pobreza no está resuelta con más bonos, ni la educación con Phds o la salud con médicos foráneos. Ni la delincuencia con reformas al Código Penal que dejarían libre un 50% de presos por la aplicación de la caducidad de prisión preventiva bajo fianza.
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