Los galenos de los hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo suman adeptos que incluyen también al gremio de enfermeras. En las rejas del Manuel Ignacio Monteros, de Loja, y José Carrasco Arteaga, de Cuenca, cuelgan mandiles blancos porque ahora se visten de negro en señal de luto, como un símbolo de rechazo para exigir un análisis coherente a la propuesta reformatoria penal que se instalará como ley.
La gestión de la salud, sea del sector público o privada, tendrá que anclarse a la misma normativa. No obstante, en rigor, los actos dolosos en la prestación de servicios o la imprudencia grave en la atención de casos tendrán que ser penados. Pero, es distinto cuando no se delimita con claridad la negligencia del ejercicio profesional sobre una estructura médica especializada.
La aplicación de un Consejo de Salud, cuya tarea implicaría regulaciones técnicas y profundización en la investigación científica, fundamenta el argumento de un amplio sector de los protagonistas de la salud pública respecto al dolo y a la negligencia grave. Las sanciones administrativas vigentes se establecen en el Código de la Salud.
La espera de un órgano para un trasplante, la expectativa de cirugías de alto riesgo, la atención de servicios de emergencia se verán mermados en calidad y cantidad ante la posible sanción para el personal de salud por el delito de mala práctica que representaría cinco años de cárcel para cuando entre la ley en vigencia. La opción política para la rectificación de la norma penal es la vigilia permanente por el veto.
Sigue latente la unilateralidad que evita el debate para despenalizar el aborto por violación, acción entendida por el oficialismo como deslealtad partidista, traición ideológica e incluso contradicción con los principios morales establecidos. Con mandiles blancos y guantes blancos se están frenando las imposiciones.
