El Quito que no queremos

Por: Kleber Mantilla

El derrumbe del túnel de la avenida Tufiño al norte del antiguo Aeropuerto ocasionó la muerte de dos personas. Este hecho lamentable es otro bache más en la administración local. Insólito creer que una infraestructura para apoyar el tráfico aéreo se derrumbe de un ventarrón, pese a que a pocos metros los vecinos constataron que se ubicó por varios días un material pesado de construcción de la misma municipalidad.

No es suficiente rechazar un modelo urbanístico recaudador de impuestos, cuya filosofía se levanta en el rediseño de una Policía para obtener dinero de una clase media eficiente en sus pagos a través de una propuesta de control del transporte denominada del ‘pico y placa’, sin mostrar mejora tangibles, porque la realidad es otra. Basta comprobar cuántos ciclistas fallecieron desde su aplicación y resulta más contradictorio verificar la cantidad de autos que se han vendido para evitar caer en el número de placa forzado.

Otro factor es el crecimiento urbano no planificado o mal estructurado, pues se extendió un problema demográfico en sitios que antes cumplían una función agrícola. Un ejemplo es la construcción y ampliación del nuevo aeropuerto; ahora, la evacuación de vías de acceso de forma progresiva, sin consensos ni legitimación a largo plazo, anula la calidad de vida de los quiteños afectados por estas decisiones unilaterales. Incluso existe la propuesta inconsulta de empinar rascacielos en el entorno del llamado Parque Bicentenario.

¿Por qué construir un Metro? ¿El costo de tan monumental obra se justifica cuando no cubre en su ruta a los barrios marginales? ¿Se tomó en cuenta al tranvía ecológico u otras propuestas? ¿La inversión en propaganda logra eclipsar la panorámica de rompecabezas que tiene Quito? ¿A quién se le ocurre ir por una reelección en 2014 ante el escenario caótico que tiene la capital? ¿Quién pide votos cuando borra la cultura y las tradiciones culturales las confunde con análisis académicos para explicar los errores?

En fin… el Quito que queremos no es la ciudad de ahora.

Apatía y vacaciones

Por Kléber Mantilla Cisneros

La ausencia del presidente Rafael Correa, a causa de sus vacaciones en Bélgica, traza líneas de apatía incoloras en un lienzo pictórico sobre los dioses del Olimpo y un sillón gigante para quien intente imitarlo en sus lides cotidianas. No existe aún tonalidad que plasme los casos de abuso de poder político, económico o social ni la mala intensión de los súbditos del sector público. Nadie se arriesga a investigar y retratar la realidad desde que se aprobó la extraña Ley de Comunicación. Por ahora, hay poco que leer en la prensa y nada que ver en televisión, quizá porque junto a la desaparición de las plagas bíblicas de advertencia a los esclavistas: moscas, ranas, langostas y tormentas de granizo y fuego, parecería que desapareció, también, la corrupción porque pasó al mundo onírico de las sombras y el olvido de los fiscales. ¿Acaso todos se fueron de vacaciones?

Si la solución era, según el discurso oficial, dibujar otra estructura jurídica y moral de la sociedad, habría que equilibrar pesos: los avances en acuerdos arancelarios históricos frente a una pretendida Ley de incentivos para el sector productivo. Y, la otra diplomacia, la que replantea viejos tutelajes porque no concibe los gobiernos como pandillas frente al  espionaje policíaco internacional. A lo mejor, la unión de países latinoamericanos sí valió para exigir explicaciones por una supuesta red de espionaje mundial, pero cuidado cuando la represalia aísla si no se manejan principios y respeto en doble vía y garantías a las libertades internas.

Más bien, en silencio y con pincel oculto, se plasmó un decreto presidencial para que las organizaciones sociales y los ciudadanos fueran controlados por una secretaría de gestión política que prohíbe la actividad partidista, ‘de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado’, según el artículo 26. ¿Qué significa esto? ¿Censurar lo qué habla la gente? ¿Vigilar a quien piensa distinto? ¿A quién razona sobre el poder, los políticos, la farándula y las vacaciones de Correa? ¿Modificar el derecho de asociación según la interpretación de ‘la seguridad oficial’?.

En fin, verano en Europa. Ropa playera. Zapatillas sin medias. Frutas al desayuno. Vasos con hielo y Campari como en Carondelet. Centros comerciales, cine y galerías. Poco tráfico, restaurantes con terrazas y nuevos amigos. Lo íntegro en Bélgica, donde está el cuadro para maquinar cómo organizar, construir y destruir libertades. Unas completas vacaciones para pintar la actividad pública y privada. Por acá, otra pintura: ya nadie paga sobornos ni entrega beneficios y servicios especiales a los funcionarios dentro de ese engranaje empresarial y público que se ha propuesto recrear al caudillo ausente.

 

 

 

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Kléber Mantilla

Espionaje vs. asilo : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Espionaje vs. asilo 
El asunto sobre espionaje y seguridad mundial abre dos frentes. Por un lado, los países alineados con Estados Unidos y sus socios europeos que impidieron ingresar en su espacio aéreo al avión del presidente Evo Morales, por el supuesto de trasladar a América al más controversial excolaborador de la CIA, Edward Snowden. Por otro, los que aprueban brindar asilo y precautelar los intereses de los perseguidos incluso con un doble discurso referido a su inconsistencia frente a las libertades casa adentro como son China, Cuba, Ecuador o Venezuela.

Francia, Portugal, España e Italia alteraron las normas que protegen a un presidente democrático y optaron por ceder ante las enormes presiones pese a la cautela y timidez demostrada, tiempo atrás, para defender a sus ciudadanos que habrían sido espiados, también, por los organismos de inteligencia estadounidense.

El espionaje cobra peso por la denuncia dentro de la Embajada de Ecuador en Inglaterra. Surveillance Group Limited, especializada en vigilancia e investigaciones privadas, habría colocado un micrófono para investigar las políticas de protección de los diplomáticos ecuatorianos junto con otros asilados como Julian Assange, creador de Wikileaks, según informaciones oficiales.

Según la Cancillería, se ratifica la injerencia de los servicios secretos en las comunicaciones privadas, las instituciones públicas y los medios. Quizá por ello, el gobierno de Ecuador descarta que pretenda elaborar otra normativa para regular las telecomunicaciones y el espacio radioeléctrico, y completar la censura a través de la Ley de Comunicación.

La paradoja se presenta al permitir asilo a quienes están siendo perseguidos por develar secretos de la geopolítica, mientras en Ecuador se fomentan normativas como el linchamiento mediático y otras que censuran al periodismo de investigación. Assange y Snowden contraponen la libertad de expresión frente al secretismo de los estados. Pero, a la vez, enfrentan la visión pro-estadounidense ante una propuesta reveladora que no dice nada frente a la censura que ejercen las otras potencias del ajedrez mundial. ¿Más espionaje y menos libertades?
  

Renuncia arancelaria : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Renuncia arancelaria

Ecuador y Estados Unidos tienen una relación intensa en materia comercial, más allá de sus diferencias políticas. La renuncia al Tratado de Preferencias Arancelarias con seguridad es una pérdida para el sector productivo del país. Sin duda, el factor político afecta la estructura y la dinámica económica con nuestro principal socio, pues las relaciones diplomáticas sufren su peor momento a causa del pedido de asilo del informático Edward Snowden.

Según la organización Wikileaks, al parecer, el estadounidense tenía intención de viajar a Ecuador. Casi en respuesta se rompieron los acuerdos arancelarios. Allá, Snowden es reclamado por espionaje después de que trabajara en la Agencia Nacional de Seguridad y ahora permanece en espera en la zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú para salir a cualquier otro país que lo acoja. Escenario difícil para la diplomacia internacional.

En realidad, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos están tensas desde hace unos años. Este gobierno no renovó el uso de la base militar de Manta y expulsó a una embajadora. Casi de forma oficial intenta desde hace algún tiempo debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de registrar abusos contra la libertad de expresión y plantear juicios en contra de periodistas. La situación de Julian Assange, asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres, desde hace un año, aumenta el peso de la inconformidad y muestra las medidas de ajuste ante una pésima política diplomática. Represalia o no, la economía se verá afectada.

Un panorama delicado pues las preferencias arancelarias influyen en los mercados y esta vez, con seguridad no serán renovadas. Cuando existe incertidumbre se afectan todos los negocios en forma de cadena. El derecho al asilo es reconocido por varios países, pero confunde el constante discurso descalificador y la ley en contra de ciertas libertades de expresión que el Régimen tiene casa adentro.

La seguridad de un Estado fue criticada en la figura de Snowden y con repercusiones mayores al caso Assange. El factor político incide en lo económico.

Ley sin red : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Ley sin red : 
Parece que el Gobierno se ha propuesto salvar al mundo con el doble discurso. Por un lado, promociona una Ley de Comunicación que regula los medios masivos convencionales para justificar la información como derecho público; y por otro, fortalece su propuesta de defensa de ‘hackers’ informáticos como Julian Assange y ahora analiza a Edward Snowden.

El primero filtró información secreta a través de su organización Wikileaks con más de 250 mil cables diplomáticos confidenciales expuestos al mundo y permanece asilado en la Embajada en Londres desde hace un año, para no ser extraditado a Suecia donde registra cargos por delitos sexuales; y el segundo es quien transparentó un plan de espionaje estadounidense de seguridad, que involucra a civiles.

El Artículo 4 de la Ley de Comunicación señala que no regula la información u opinión que ‘de modo personal se emita a través de Internet. No excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se comentan a través del Internet’.

El texto, gracias a su interpretación abierta, posibilita una salida a la crítica constructiva y un espacio libre al periodismo de investigación, pues los públicos y usuarios deben conocer que la prensa, radio y televisión tienen contenidos simultáneos subidos a la red con idénticos mensajes, pero con más aplicaciones, incluso telefónicas, que permiten la conducción de redes sociales e inciden en la toma de decisiones de la gente.

El intento de censura en redes sociales e Internet ocasiona el denominado fenómeno Streisand que consiste en producir el efecto contrario. En el mundo virtual, lo prohibido es contraproducente, pues amplía la divulgación de mensajes, con más publicidad y velocidad de difusión en fotos, archivos o páginas web.

Ahora bien, ¿qué sucede si alguien filtra o altera información reservada o de seguridad nacional como servicios básicos y cuentas públicas? ¿Hasta cuándo es privado una filmación casera o un diálogo telefónico grabado con algún funcionario público que puede ser subido en la red?

Al parecer la Ley de Comunicación tenía la intención de limitar las expresiones cuestionadoras hacia las políticas públicas y de corrupción de funcionarios del Estado, pero con cierta ligereza deja abierta la opción para nuevos espacios. El mejor periodismo de investigación estará colocado en Internet y será difundido en otros países.

Kinross y comunicación : Opinión : La Hora Noticias de Ecuador, sus provincias y el mundo

Kinross y comunicación
El debate político nacional gira en torno a la aprobación de dos leyes importantes: minas y comunicación. La parcial salida de la empresa minera Kinross del proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, reactiva y consolida un panorama de reclamo de los pueblos indígenas ante una pretendida legislación más permisiva para explotar minas en sus territorios. Al parecer, el desacuerdo se presentó por el monto exigido al impuesto a los ingresos extraordinarios y se evidencia ahora un escenario de dudas para la aprobación de la ley pues se generó incertidumbre global para atraer posibles inversiones. ¿Quién sustituirá a la firma canadiense? ¿Las autoridades energéticas tendrán que negociar con los chinos, como una alternativa plana? ¿Cuáles son las compañías de otras latitudes interesadas en suscribir contratos para explotar a gran escala los yacimientos de oro y plata del país? En fin, nada está dicho.

Asimismo, mientras la Asamblea convoca para votar la aprobación de una Ley de Comunicación que podría incluir una superintendencia, el delito de linchamiento mediático y un ente regulador y sancionador de la comunicación, coincide el acto con un desfavorable contexto internacional. No será fácil contestar y debatir sobre el futuro de los delatadores de archivos secretos en Internet o el manejo de páginas web dentro de una pretendida ley de comunicación, pues podrían afectarse rasgos fundamentales de la libertad de expresión, a través de la aplicación de nuevas tecnologías sin un debate técnico o tecnológico especializado.

El caso del estadounidense Edward Snowden, quien filtró los archivos confidenciales y de espionaje telefónico en su país, despierta preguntas para el gobierno local. ¿Cuál sería su respuesta si pidiera asilo éste en una embajada de Ecuador, igual como lo hizo el comunicador informático Julian Assange, en Reino Unido, hace un año?

Sobre Snowden y Assange, la opinión pública mundial interpreta como un asunto de héroes o traidores que deforman la tradición política y el periodismo en los Estados Unidos. Pero para muchos incursionar en los programas de espionaje informático es una intromisión en la privacidad de los ciudadanos. No se diga una ley sancionadora de los mensajes vertidos en prensa, radio y televisión. Así, ni la minería ni la comunicación parecen estar a salvo del juego de las discrepancias e ideologías. En líneas generales, la condena o aplauso de las nuevas normativas tendrán que pasar primero por un debate transparente, válido y democrático. ¿Acaso las urnas no son la salida?